Al hablar de educación parece que
la mayoría se enfoca en las escuelas, universidades y otros lugares de
enseñanza, como si se tratara de una exclusividad para niños y jóvenes que
aspiran con ser profesionales o una oportunidad para los adultos con interés en
aprender a leer y escribir.
Lo cierto es que el término educación rebasa
los límites de las aulas y va más allá; es más amplio, más abarcador, más
integral.
El desarrollo no
solo depende de los conocimientos teóricos extraídos de las aulas, sino que
precisa de otros elementos prácticos e incluyentes y con acciones sustentables
dirigidas a la sociedad en su conjunto.
Ahora que hay
recursos, después de la conquista del 4 por ciento del PIB para la educación,
algo de ese dinero debería destinarse para educar a los ciudadanos en sentido
general en cuanto a su conducta social, progreso particular y sana convivencia.
Es un apotegma o dicho sentencioso que el
cambio es ley de vida, pero ese cambio debe empezar de manera individual, en lo
personal, pero indudablemente que el Estado debe ayudar a suplir la carencia de
educación ciudadana que tiene el país.
Al igual que el ordenamiento jurídico
que regula las relaciones sociales y que se reputa conocido por todos los
ciudadanos, también las normas que promueven la ética, la moral y las buenas
costumbres, generalmente en la práctica no son más que letras muertas.
A sabiendas de esa realidad, sería
importante poner en marcha un programa de educación ciudadana, con moral y
cívica incluidas, en el que se instruya a personas de todas las edades sobre la
importancia y el valor de las leyes escritas y no escritas que regulan el
comportamiento humano.
Es común ver a personas improvisando
vertederos en zonas urbanas; conductores que estacionan sus vehículos en las
aceras, frente a puertas privadas o en doble parqueo; motociclistas y choferes
que conducen ebrios y en exceso de velocidad; otros que no respetan los
semáforos en rojo; ciudadanos que usan los espacios públicos para improvisar
negocios; gente que invade propiedades privadas bajo el alegato de que son del
Estado; los que realizan disparos al aire; los que actúan de espaldas a sus
deberes y desconocen sus derechos, entre otras insensatas actitudes.
Así llenaríamos varias páginas de temas
relacionados con el proceder errado que exhiben muchos ciudadanos en sus
conductas, cualidades que tienen su explicación especialmente en la falta de
educación ciudadana, salvo en los casos de aquellos que han hecho del delito su
modus vivendi.
Con una efectiva y gratuita labor de
educación, con orientación económica como parte de ese aprendizaje, hasta los
que han forjado supervivencia en la ilegalidad podrían cambiar de actitud y asumir
un nuevo modelo de vida.
Precisamente ese sería el objetivo de
una mejor educación ciudadana, contribuir a un nuevo modelo de vida basado en
valores, en el que impere el respeto a las leyes y demás normas de convivencia
social; en el que ser pobre no signifique ser irresponsable o mal educado.
Es
harto sabido que el analfabetismo imperante en cuanto al comportamiento social,
basado en actitudes irracionales de gente sin capacidad de discernir, genera
miles de problemas cuya solución le cuesta millones de pesos al Estado, y lo
peor de todo es el caos y el desorden que altera sensiblemente la convivencia
ciudadana.
Ojalá y alguien con acceso al poder tome
en cuenta la educación que le hace falta a muchos que saben leer y escribir, y
logre que la revolución educativa de la que se habla en el país, rebase el
límite de las aulas y salga a las calles, llegue a los barrios y a toda esa
población ávida de conocimiento, orientación y sobre todo de paz y tranquilidad.
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El autor es abogado y periodista
Márquez, Y. (2015) Educación Ciudadana. Revista NOTICÁMARA-VALVERDE, Julio 2015. Pág. 54.
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